Futuros universitarios en arenas movedizas

No tengo duda en que el sistema de ingreso a las universidades debía revisarse. Pero, por qué hoy, 27 de enero de 2008, aún no se conoce tal modalidad si hace más de ocho meses, el Presidente de la República en un evento en el Teatro Teresa Carreño lo anunció: "estos viejos métodos son instrumentos para la exclusión. Ahora serán sustituidos por un sistema unificado de ingreso".
Sin embargo, ¿cómo se toma una decisión de tal magnitud tan a la ligera?, ¿es qué a caso no se está influyendo en el futuro de, según la Oficina de Planificación del Sector Universitario, más de 300mil jóvenes que anualmente aspiran a un cupo a nivel superior, quiénes hasta ahora están a la espera de un comunicado?, ¿por qué sentirse feliz sin saber que sustituirá al sistema anterior?, ¿a caso no resultaba más favorable tomar una actitud preventiva, es decir, establecer primero el sistema que sustituiría al corriente y, una vez aprobado, eliminar el actual?
Si pensamos que un nuevo sistema va a evitar la compra de cupos en las universidades o las llamadas ‘palancas’, cuyas existencias la ‘acarrean las pruebas internas’, realmente valdría la pena preguntarse sí ¿en la solicitud de los pasaportes o en la compra de un vehículo no hay gente que igualmente paga a un gestor para que le agilice el trámite? No niego la posibilidad de que los cupos en las universidades sean utilizados para fines mercantiles, sin embargo no creo que un nuevo sistema elimine esa mala costumbre de los venezolanos de solucionar cualquier problema con dinero.
Los estudiantes del interior que se ven obligados a separarse de su familia para estudiar a nivel superior constituyen otra razón de que quiénes apoyan la decisión del Ejecutivo. Juicio de alguna manera válido desde mi percepción, no obstante, me causa curiosidad la situación de los jóvenes que viven en zonas donde las instituciones de nivel superior no son aledañas: ¿qué pasará con ellos?, ¿igualmente no deberán separase de sus familias?, ¿realmente se ha considerado el presupuesto e infraestructura necesaria para que pueda dársele cabida al número total de aspirantes?, ¿realmente ellos no son quiénes solicitan ir a las instituciones a estudiar?
Desconozco sí la decisión del Presidente fue publicada en Gaceta Oficial. Sin embargo, en el comunicado que emitió el Ministerio de Educación Superior y publicado en prensa, el pasado 17 de enero, el panorama se oscureció aún más pues el mismo afirmaba que “no se reconocerán ingresos que sean administrados unilateralmente por las instituciones". ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores de las instituciones de educación superior quiénes tienen convenios de ingreso para sus familiares?, ¿desde cuándo los programas como Samuel Robinson o las cláusulas para discapacitados, artistas y deportistas destacados que mantienen las universidades son competencia del Estado?
Buscar dar respuesta a las interrogantes en torno a este tema es caer en nuevas incógnitas, pues aún estamos a la espera del nuevo sistema de ingreso a la educación superior. La tercera semana de febrero, según el mismo comunicado, se dará a conocer el nuevo método de admisión de las universidades. Pese a eso, me voy a atrever a plasmar mi opinión en cuanto cómo debería ser la venidera modalidad.
Parto de que todo esfuerzo debe conducir a una recompensa por tanto tomar en cuenta el promedio de notas del bachillerato de los aspirantes lo considero válido. Si bien es cierto que el nivel de exigencia en los distintos institutos de educación media y diversificada es desigual también lo es que solventar tal deficiencia es competencia del Estado e igualmente las carencias van a influir en el desempeño de los estudiantes. Por tanto y aunado a ello, los aspirantes deberían pasar por una prueba filtro, pues si la institución a la que éste aspira no lo evalúa ¿quién podría hacerlo mejor? Claro está que las pruebas deberían ir de la mano con los contenidos que dictan en el bachillerato y no con lo que posteriormente se le exigirá al estudiante en el primer semestre de la carrera. De tal manera qué el 50% de la puntuación total del alumno venga por parte de institución a la cuál aspira ingresar y el porcentaje restante de la institución de la cuál egresa como bachiller.
El costo de las pruebas internas sólo para los estudiantes provenientes de instituciones del Estado debería ser gratis, pues se supone que éstos no tienen un nivel económico medio-alto.
Finalmente, este trabajo en conjunto debería ir apoyado por un propedéutico obligatorio para todos los estudiantes, cuya duración será un semestre, de tal manera que se nivelen todos aquellos que previamente demostraron que tenían capacidades para desarrollarse profesionalmente en determinada área y evitar en lo posible los llamados ‘dinosaurios’ de las universidades.

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