Mototaxis: más que una solución, un problema

La inseguridad vial y personal, la incomodidad,
el índice cada vez más alto de accidentes
de transito por causa de motos, la violación
a la normativa venezolana en la materia
son las principales razones que conducen
a no considerar la moto un vehículo de
transporte público.

Caracas es una ciudad sobrepoblada, su tráfico lo demuestra. Hoy en día, intentar recorrer una distancia no menor de 10 kilómetros en media hora representa una utopía, un ideal que pocos tienen la suerte de alcanzar y, que durante las conocidas ‘horas pico’, se convierte en un imposible. Con el pasar de los años la situación empeora, pues según un estudio de la Alcadía de Baruta solamente con los 70.000 carros nuevos que registró la zona metropolitana en el año 2006, se podría hacer una fila de éstos desde la salida de Caracas hasta llegar a la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui.
Aunado a ello, según el Director de Transporte y Vialidad de la Alcaldía de Baruta, Matías Ramírez, el Metro de Caracas ya no está en capacidad de atender a toda la demanda y la vialidad caraqueña, en su mayoría está creada para la comodidad de los vehículos pequeños, lo que produce que los autobuses de transporte público se queden atrapados en la congestión. Es muy probable que sobre tal situación se sostiene el éxito de un medio de transporte público alternativo como el mototaxi; una opción muy viable cuando de acortar distancias en poco tiempo se trata. Para muchos puede representar una solución al caos vehicular de Caracas, pero para muchos otros constituye un gran problema.

Alternativa fuera de norma
En Caracas desde hace aproximadamente 3 años, cada vez con más frecuencia, ha venido surgiendo y desarrollándose el fenómeno de los mototaxis. Fenómeno no contemplado dentro de la Ley y el Reglamento de Transporte y Tránsito Terrestre vigentes. Pues en el artículo 12 de este último establece la clasificación de tal vehículo según la modalidad de uso, pero no menciona el servicio público como una de ellas.
De acuerdo a un informe del Departamento de Estadísticas de la División de Operaciones del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terreste (CTVTTT), el artículo mencionado anteriormente no es el único que violan los conductores de motos, pues durante varios operativos realizados en el área Metropolitana alrededor de dos semanas se registraron 246 infracciones por no usar casco y 57 choferes de motos no tenían placas. Lo que indica que lo que establece el Reglamento con respecto a la identificación y circulación (arts. 164,165,166,167) también es obviado por la mayoría de motorizados, entre quienes los mototaxistas no representan la excepción.

Seguridad vial y personal
Tales violaciones a la ley traen consecuencias muchos más graves que una simple sanción. Pues, según la Organización Mundial de la Salud los usuarios de la vía pública en mayor situación de vulnerabilidad son -en orden- los peatones, los ciclistas y los conductores de motocicletas, si aunado a ello, quienes circulan en moto olvidan utilizar cascos, el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor.
Según, un estudio efectuado en 2003 por el Consejo Europeo de Seguridad Vial, el riesgo de perder la vida de un motociclista es 20 veces mayor que en una persona que se desplace en automóvil. Probablemente las estadísticas de CTVTTT lo ratifican. De acuerdo a las mismas, el año 2004 dejó un total de 3.150 accidentes, de los que 1.462 acarrearon daños materiales y 1.503 arrojaron lesionados. Sólo ese año murieron 185 personas por accidentes causados por motos. Hasta el primer semestre del año siguiente, 2005, se habían registrado 2280 siniestros causados por motos, en calles, avenidas y autopistas. 216, entre las autopistas: Francisco Fajardo, Prados del Este y Cota Mil, muertos se habían contabilizado 27. De esta manera, Venezuela ocupa el tercer lugar, a nivel mundial, en los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes viales y el primero en América Latina.
Bajo la óptica de Geraldine Fuemayor, urbanista con maestría en transporte urbano y profesora del Postgrado de Planificación y Transporte del Instituto de Urbanismo adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, “existe la tendencia en quienes van manejando una moto de sentir que no hay obstáculos que los detenga, siente que no tienen porque seguir las señales de tránsito. Ellos se manejan como en sus propios códigos: si ven que el semáforo está en rojo pero se pueden meter entre dos carros, lo hacen; se adelantan por la derecha; no respetan los canales de circulación y van a altísima velocidad, lo que, además de ilegal, agrava las lesiones en caso de accidentes.”
Igualmente, la licenciada Imara Dania, Jefa de División de Planificación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), considera que el art. 12 de la Ley de Transito y Transporte Terrestre, el cual reza “La prestación del servicio de transporte terrestre se ajustará a los principios de comodidad, calidad, eficiencia y seguridad para el usuario” es violado por la mayoría de los mototaxistas. Pues, según la funcionaria, más allá de que la modalidad se ha convertido en un medio para cometer delitos, robos, atracos, asesinatos, no poseen seguro de responsabilidad civil que ampare a los pasajeros que trasladan.
“Condiciones climáticas, el sol y la lluvia; los huecos, los objetos que caen de los edificios y que pueden provocar fácilmente volcamientos” son algunos de los factores que, según la urbanista Fuemayor, constituyen la vulnerabilidad a la que se expone todo el que anda en moto.
Pero no sólo el que anda en moto se ve afectado por este fenómeno sino también los peatones, debido a que, de acuerdo al urbanista Ramírez, muchos mototaxistas se han situado en la calzada de las calles, interrumpiendo tanto la circulación vehicular como peatonal y violando el art. 274 de la Ley de Transito y Transporte Terrestre que establece: “la parada o estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya para el reto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor”.
Asimismo, la urbanista Fuemayor, señala que existe la posibilidad de generar problemas de salud pública, pues se emplea un mismo casco para muchas personas. “Hay que decirlo, no se sabe si la otra persona tenía piojos o si a través de la sudoración se puede transmitir alguna infección”, puntualizó.

Competencia del servicio con el transporte público
A través de la perspectiva de Ramírez, los mototaxis constituyen una competencia desleal para el mercado formal, ya establecido: los taxistas y los conductores de servicio por puestos. “Nunca un carro cuesta igual que una moto ni tampoco su mantenimiento es igual, así sólo se va quemando la oportunidad de negocio y el mercado formal, al mismo tiempo que se alimenta el informal, luego no van a saber que hacer. Lo mismo que pasó con los buhoneros va a pasar con el sistema de transporte. Muchas personas van a desistir del mercado formal para irse al informal y se va a degradar la calidad del servicio formal”, puntualizó.

Falta de capacitación
Una de las causas que ha desencadenado el alto índice de accidentalidad de motos, bajo la mirada de Fuemayor, es la falta de capacitación y preparación frente a la conducción de este vehículo, pues ha sido operado incluso en la mayoría de las veces por menores de edad.
Pero la falta de capacitación, de acuerdo al director de Transporte y Vialidad de Baruta, no siempre viene dada por quien maneja, pues señala “ no es lo mismo un parrillero experto, a una señora que está apurada y va para el trabajo. Nunca tienen el mismo nivel de maniobra”.

Posibles soluciones
El primer panorama que se vislumbra es la reglamentación, pues se entiende que existen personas cuya fuente de trabajo es esta, pero si no acatan ciertas normas y leyes hasta su propia seguridad es la que se pone en juego al momento de trabajar. Para Ramírez reglamentar el uso de los mototaxis no es la mejor salida del problema, pues considera que significaría un servicio de transporte público de baja calidad como el que está actualmente. Por ello, el Director de Transporte y Vialidad de la Alcaldía de Baruta, así como también la urbanista Fuemayor, coinciden al considerar como la mejor opción, la creación de mejores infraestructuras, construcciones que permitan disminuir el caos en la vialidad caraqueña, como por ejemplo, extender las redes de metro, mejorar las tecnologías de tránsito, aplicar sanciones severas en contra de las maniobras que violan la norma y no permitir que los sistemas anárquicos bajen el nivel de servicio de transporte que se tiene hoy.
“Desde el momento en el que se les deja operar, se esta permitiendo que crean que pueden hacerlo. Para mí, es un problema de falta de autoridad. De alguien que les diga ‘esto no lo puedes hacer. Si quieres puedes organizarte y prestar servicios de encomiendas que tan demandado está’”, aseguró la magíster en Transporte y Vialidad.
Siguiendo la misma línea, Ramírez subrayó: “En el corto plazo, los mototaxis se ven como una solución pero personalmente los considero una involución del sistema de transporte que a largo plazo solo traerá mayores problemas”.
Finalmente, como reflexiona el Director de Transporte y Vialidad de la Alcaldía de Baruta, “son las deficiencias del sistema actual lo que le da cabida a esa nueva modalidad. El tema del transporte en Venezuela ha sido muy descuidado, todos los políticos lo ven como desarrollo de empleo, pero es un servicio tan necesario como cualquier otro”. Por tanto, vale la pena preguntarse, ¿Qué resulta preferible arriesgar tu vida por llegar rápido o trasladarte sin rapidez pero seguro, con calidad y comodidad?

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Reforma constitucional: mayor oscuridad

Ceder parte de la libertad individual al representante del Estado, a cambio de garantizar la vida y la posesión de bienes fue parte del tratado político que Jean-Jacques Rousseau, propuso con el nombre de Contrato Social. Un planteamiento que contribuyó, a partir de la Revolución Francesa, a trastocar los antiguos regímenes oligárquicos en muchas naciones.
La idea planteada por Rousseau, hace casi dos siglos y medio, sigue conservando vigencia en el deber ser de sistemas de gobiernos actuales como la democracia. Una validez que se ausenta en la realidad actual venezolana, pues ¿cómo sentir garantizada la vida cuando el nivel de pobreza y miseria, según el Instituto Nacional de Estadística, llega al 53% de los venezolanos y donde la violencia, conforme al último boletín de la UNESCO, deja 2453 personas muertas al año?

Tales cifras muestran un panorama poco alentador sobre la situación que se está viviendo en el país. Escenario que se obscurece más con la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Hugo Chávez, posteriormente avalada por la Asamblea Nacional y próximamente, el 2 diciembre, será sometida a referendo.
La primera oscuridad viene dada por la definición que se le da a la propiedad privada. El art. 115 establece cinco tipos de propiedades, la privada es la última en definir, entendida como “aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos, con los correspondientes atributos de goce y disposición y las limitaciones y restricciones que establece la ley”. Mas, ¿qué pasará con aquellos inmuebles que resultan excluidos de esta consideración como los terrenos vacíos, las posesiones para disfrutar sólo vacaciones, las propiedades que sus dueños tienen alquiladas o prestadas?, ¿sus dueños legales las perderán por no hacer uso frecuentemente del inmueble?
En contrarresto, el art. 82 establece que “Toda persona tendrá el derecho a la protección de su hogar o el de su familia declarándolo como vivienda principal ante los órganos del Poder Popular…”; pero, ¿a qué persona se refiere: a quién compró la propiedad o a quién la ocupa?, ¿qué compañía se atreverá a vender a crédito una vivienda si en el intermedio del pago quien la ocupa podría declararla propia?
La posibilidad de ser reelegida o reelegido el Presidente o Presidenta de la República es la variable que asoma la propuesta constitucional en su art. 230. Condición que resulta alarmante, oscurecedora, al venir acompañada de artículos restantes como los números 11, 16, 109, 113, 185, 191, 225, 236, 252, 318 o 321, donde la figura del Presidente de la República toma, de manera directa, atribuciones que actualmente no le competen. Pocos son los espacios a los cuales, de aprobarse la reforma constitucional éste poder no accedería; incluso, el Estado no sólo regularía el espacio radioeléctrico, sino que, además, podría reservar su uso y explotación, conforme al art. 113 del proyecto de ley.
Además de ello, los artículos 338 y 339 de la propuesta eliminan el límite de duración máxima de cada uno de los estados de excepción y la exigencia de cumplir con los principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, hoy, se ven como necesarios para que el Presidente de la República pueda decretar un estado de excepción. Es decir, la propuesta no sólo estaría modificando principios como el de alternabilidad gubernamental, sino que se estaría concentrando mayor poder en una sola persona, el Presidente de la República.
Aunado a ello, los artículos 71, 72, 73, 74 y 265 de la reforma proponen aumentar el porcentaje de personas requeridas para solicitar cualquier revocatorio, en otras palabras, sería más difícil para el pueblo ejercer su derecho. De la misma manera que, el sugerido artículo 337 elimina garantías inviolables para los seres humanos en estados de excepción, como el derecho a estar informado y el derecho al debido proceso. Situación que pondría en mayor emergencia, en mayor oscuridad, a los ciudadanos en tales escenarios, pues suprimir ésos derechos debilita la condición de pueblo, de actores de una realidad social y de seres humanos pensantes; en tanto, coarta la posibilidad de conocer la circunstancia y de, en caso de considerar necesario, reaccionar ante ella.
Como era de esperarse, la autonomía universitaria no escapa de la invasión de espacios que propone la reforma constitucional. “…Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras de las universidades como integrantes con plenos derechos de la comunidad universitaria, una vez cumplidos los requisitos de ingreso, permanencia y otros que paute la ley…”, constituye parte del artículo 109 del proyecto de ley. Pero, ¿es posible que entre esos ‘requisitos de ingreso, permanencia y otros que paute la ley’ esté pertenecer a una tendencia política, condición social o religiosa para validar el trabajo de cualquier persona dentro de los recintos universitarios? Universalidad de las ideas es la premisa que desde su nacimiento ha caracterizado a la institución de educación superior, de allí su nombre: Universidad. Las doctrinas son contrarias a las buenas academias. ¿De qué podría servir tener en la sociedad seres humanos que piensan igual?, ¿cómo se formarán lo seres críticos?, ¿acaso no son más fructíferas las soluciones producto de la confluencia de ideas distintas? No hay peor oscuridad que aquella que viene de adentro del hombre, aquella que está tan arraigada a él que, incluso, puede formar parte de su ser.
Una reforma constitucional es una ley de vida para una colectividad. Por ello, que el proyecto de ley sólo funcione para ciertos regímenes, en este caso el socialista, es un error; las sociedades evolucionan, así lo demostró Francia después de la famosa Revolución propiciada por las ideas de Rousseau.
Cualquier propuesta fundamentada en la distribución del poder de manera “quitativa” para la sociedad, saca a la luz la posibilidad de constituir una reforma que obedece a un interés particular y no responde a una genuina necesidad colectiva. Lamentablemente en vez de abrir diferentes opciones a la situación política, económica y social que vive el país, de ser aprobada la propuesta de reforma constitucional el próximo 2 de diciembre, se cerrarán muchas ventanas dejando sólo una abierta; por la que únicamente entrará la luz que decida quién maneje el timón del barco llamado Venezuela.

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Lenguaje y subjetividad: ¿los grandes problemas?

“Cada uno es afectado sólo por acentos que le son familiares; sus nervios no se prestan en tanto su espíritu los disponga a ello: es preciso que entienda la lengua que se le habla para que lo que se le dice lo pueda poner en movimiento”. (Rousseau: Ensayo sobre el origen de las lenguas Pp. 81).


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Sin embargo, sí toda comunicación, basándonos en la consideración de Antonio Pasquali, está fundamentada en “poner en común” y, desde mi perspectiva, el establecimiento de ésta es prueba del real entendimiento, ¿cómo justificar las faltas de respeto entre Jefes de Estados que, además de hablar el mismo idioma, se reúnen en una cumbre internacional para “debatir” sobre un tema?, ¿Será que la raza humana se ha acostumbrado a mal llamar “debate” a la exposición de ideas propias sin necesidad de escuchar al otro que está “debatiendo”?, O ¿es qué ahí entra en juego el primer punto asomado por Rousseau ‘cada uno es afectado sólo por acentos que le son familiares’?

Entre la teoría y la práctica puede que no haya entendimiento, pues la subjetividad forma parte determinante en esto. Subjetividad que fue capaz de llevar, cómo sucedió recientemente, al Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, a repudiar en cadena nacional los actos violentos ocasionados, según su exposición, por sectores estudiantiles de la oposición en la Universidad Central de Venezuela. ¿Será que las imágenes no eran lo suficientemente explícitas como para dejar claro quien incitó a la violencia?, O ¿es qué se asumió como en la Propuesta de Reforma Constitucional “debatida por la mayoría de los venezolanos”: aquellos que no estaban a gusto con esos ideales fueron ignorados e ignorantes?
Ahí está la gran pregunta, ¿son la subjetividad y la falta de entendimiento las grandes causantes de la polarización venezolana que estamos viviendo? Una polarización que cada día lleva a más venezolanos a sus extremos, a dejar de considerar ese otro para convertirlo en un no existente, en un cero a la izquierda, en un fantasma que por su ignorancia merece ser ignorado. Para algunos nada, para otros todo. Sin embargo lo importante no está en buscar utopías cómo la objetividad, pues al buscarla se está siendo subjetivo; sino en aprender a escuchar con los cinco sentidos. De tal manera que, sí tu subjetividad te indica una cosa, puede que eso esté bien o mal, pero lo fundamental está en detenerse un segundo a ver desde la butaca del otro, con ojo crítico y tratando de dejar un poco esa ‘familiaridad’. Sólo así se garantizará el entendimiento, la comunicación, pues lo que se dice estará en verdadero movimiento.

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Anillos de hierro

“El anillo de en medio eres tú, el rapsoda y el actor, el primero es el poeta en persona. Y la divinidad, a través de todos sus intermediarios, arrastra hacia donde le place el alma de los humanos, haciendo pasar por esta la fuerza de los unos a los otros” (Platón: Ión o sobre la Iliada. Pp. 148).
La metáfora de anterior no está muy distante a la colectividad venezolana actual. Pues más allá de existir o no una fuerza externa que determinada lo que sucede, existen protagonistas político-sociales cuyos roles deberían acoplarse como el autor explicó que funcionaban los anillos de hierro.
El Estado, los medios de comunicación social (mcs) y la sociedad son los tres agentes. Los periodistas son los rapsodas de la antigua Grecia, pues informan e interpretan con la diferencia que no debe interpretar sólo a un poeta ni al de su gusto.





Ahora bien, las dos versiones totalmente opuestas de las imágenes anteriores, nos lleva a preguntarnos ¿resulta posible asegurar que los roles desempeñados por Estado-mcs-sociedad están manteniendo el equilibrio político- social venezolano?
Si bien es cierto que ambas versiones de los mediadores sobre lo sucedido en el TTC pueden llegar al público, también lo es que cada medio excluye la versión contraria. Se podría pensar en “equilibrio” en la medida que existan tantos medios de un lado como del otro y, por ende, se anulan mutuamente. Pero el verdadero equilibrio, desde mi perspectiva, es aquel que se establece con actores plurales, sobretodo en el rol del rapsoda actual quien debe garantizar que todas las voces tengan cabida en su interpretación, sin excepción. De tal manera que, su anillo de hierro no se viera desdoblado por el irrespeto a la confianza de la sociedad o el incumplimiento de lo que es la razón de su existencia.

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